Casi todas las explotaciones agrarias quedarán fuera de la Ley de Desperdicio Alimentario

La Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó el pasado 11 de diciembre tanto la exención de la burocracia de la Ley de Desperdicio Alimentario para la inmensa mayoría de las explotaciones agrarias.

Además, en este proyecto normativo se incluye también otras cuestiones que no tienen nada que ver pero que siguen pendientes de resolverse, como la elevación del rango jerárquico de la Agencia de Información y Control Alimentario (AICA) y un nuevo mecanismo que determine la representatividad agraria abierto, objetivo y democrático, como venía solicitando la organización Unión de Uniones.

Por una parte, el proyecto de ley de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario pasó su primer examen en la Comisión de Agricultura del Congreso. Un proyecto que, en principio, contemplaba la obligación para todos los operadores de la cadena, incluidos agricultores y ganaderos, de contar con un plan para gestionar los desperdicios, conforme a una jerarquía de destinos (donaciones, transformación, alimentación animal, subproductos y residuos), así como llegar a acuerdos para donar sus excedentes a entidades sociales.

Para Unión de Uniones (UdU), ello hubiese supuesto una carga más de papeleo y costes, que penalizaba doblemente a las explotaciones agrarias, que no pueden comercializar parte de su producción por cuestiones de mercado, normas de calidad u otras causas.

Al respecto, esta organización agraria presentó a los grupos parlamentarios una propuesta de enmienda para liberar de esas obligaciones a las pequeñas y microempresas, que fue aprobada por una mayoría suficiente.

La pequeñas y microempresas son aquellas que ocupan a menos de 50 empleados y tienen un volumen de negocio de menos de 10 millones de euros, lo que deja fuera estas obligaciones a la práctica totalidad de las explotaciones agrarias españolas.

Contratos temporales

Por otro lado, según la UdU, en el proyecto de ley se contempla que las campañas agrícolas tendrán la consideración de situación ocasional, previsible y de duración reducida, y se podrán hacer contratos por circunstancias de la producción (no fijos discontinuos) como máximo por 90 días en el año natural.

Esto facilitará enormemente la gestión de las contrataciones temporales en el sector agrario para atender a las recolecciones, como la UdU puso de manifiesto en reiteradas ocasiones, al denunciar que la reforma laboral en el sector agrario no se ajustaba a las condiciones de eventualidad intrínsecas a esta actividad, esperándose que esta medida dé respuesta a ello.

Representatividad agraria

Por otro lado, la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados aprobó también un nuevo sistema de determinación de la representatividad de las organizaciones agrarias.

Se trata de un mecanismo abierto, que tiene en cuenta en primer lugar los resultados de las elecciones autonómicas vigentes donde se celebran y la implantación de las organizaciones allí donde no hay elecciones todavía.

No obstante, la UdU afirmó que no renuncia a seguir reivindicando que los agricultores puedan elegir a sus representantes, tanto en las regiones como a nivel estatal.

De hecho, en la norma se ha incluido la obligación legal de que, antes de 5 años, el Gobierno debe presentar un nuevo sistema en el que las elecciones entre los autónomos agrarios sea su base fundamental. Si esto no se cumple, avisó la Udu, “lo recurriremos ante los tribunales, al igual que tenemos recurrida la ley actual por no haber convocado elecciones.”

AICA

Esta organización agraria destaca la aprobación en el mismo procedimiento del refuerzo jerárquico de la AICA, que pasará a ser Agencia Estatal, que la dota de más competencias y recursos legales para actuar contra los incumplimientos de la Ley de la Cadena Alimentaria.

Para la UdU, esta medida “no es suficiente para acabar con los abusos y para garantizar que se cumple con la obligación de pagar a los agricultores y ganaderos por encima de lo que les cuesta producir, pero “hemos impulsado que en las Cortes esté una nueva reforma de ley para prohibir la reventa a pérdidas y definir la posición dominante en el mercado, planteando al Ministerio los protocolos para que los productores puedan presentar denuncias colectivas y anónimas.”

Una vez cumplido el trámite de la Comisión de Agricultura, el proyecto de ley enmendado, más las enmiendas que los grupos políticos deseen mantener vivas, irá al Pleno del Congreso, que se celebrará antes de final de año, para pasar luego por el Senado y, previsiblemente, volver al Congreso para la aprobación definitiva de esta norma.